En abril de 2016, la investigación global Panama Papers generó un sismo en el mundo de la política y las finanzas. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y más de 100 medios de comunicación asociados como Convoca.pe publicaron cientos de historias basadas en la filtración de 11.5 millones de documentos, la más grande en la historia del periodismo, que pusieron al descubierto los secretos del bufete panameño Mossack Fonseca.

La investigación realizada a partir de la filtración obtenida por el diario Süddeutsche Zeitung y que luego fue entregada a ICIJ y sus socios, permitió revelar que este estudio de abogados fabricaba empresas ficticias que sirvieron para esconder millones de dinero, sobornar a funcionarios en diversos gobiernos y ocultar operaciones financieras. Los documentos expusieron el funcionamiento interno del bufete desde finales de la década de 1970 hasta 2015 (Conoce más aquí).

La lista de los clientes de Mossack Fonseca incluyó a miembros del círculo íntimo de Vladimir Putin, al entonces primer ministro de Islandia y a una compañía sospechosa de obtener ganancias de un sonado caso de robo de oro en Londres en 1983.

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció luego de que la investigación reveló una participación en una compañía offshore que él y su esposa usaron en secreto para mantener casi cuatro millones de dólares en bonos en bancos islandeses, a pesar que el gobierno negociaba con los acreedores de los bancos.

En Paquistán, los ciudadanos salieron a las calles a protestar “cuando se reveló que los hijos del entonces primer ministro Nawaz Sharif habían establecido empresas ficticias para ayudar discretamente a mantener propiedades inmobiliarias multimillonarias en Londres. Sharif renunció en julio de 2017 luego de que el Tribunal Supremo de Pakistán lo inhabilitara para su cargo”, recuerda ICIJ.

La policía allanó las oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador, Perú y Ciudad de Panamá. A finales de 2016, los gobiernos y las empresas de 79 países habían abierto 150 indagaciones, auditorías o investigaciones relacionadas con el bufete de abogados, sus intermediarios o clientes, recuerda el consorcio de investigación.

En Perú, la Fiscalía de Lavado de Activos abrió 12 investigaciones a ciudadanos nacionales y extranjeros, y envió 48 solicitudes de información a jurisdicciones offshore, donde la fiscalización tributaria es nula o falta (Ver más).

Hoy, a un poco más de dos años, ICIJ y su red de socios publican reportajes a partir de una nueva filtración obtenida por Süddeutsche Zeitung. Esta vez de un millón 200 mil archivos, que incluyen correos electrónicos, copias de pasaportes y archivos de casos criminales, que datan de principios de 2016 hasta finales de 2017, unos meses antes de que el bufete colapsara.

La nueva filtración ofrece una visión interna de Mossack Fonseca y el círculo de profesionales con los que hizo negocios en las semanas previas al comienzo de la investigación Panama Papers, precisamente en los días en que el bufete se apresurara a identificar a sus clientes para hacer un “control de daños”.

“Dos meses después de que el bufete se enteró de la filtración de registros, aún no podía identificar a los propietarios de más del 70% de las 28,500 compañías activas en las Islas Vírgenes Británicas, el centro offshore más activo del bufete, y el 75% de las 10,500 empresas ficticias activas en Panamá”, recuerda ICIJ. La falta de mecanismos de fiscalización para saber quiénes eran los beneficiarios finales de las empresas de papel le costó caro a Mossack Fonseca.